Haciendo frente a los Mitos: Vivienda Vacacional en Canarias
En los últimos años, la vivienda vacacional (VV) en las islas Canarias ha sido señalada como la culpable de la crisis de vivienda que afecta a los residentes. Sin embargo, la realidad económica y social de estas islas demuestra que limitar la VV no solo no solucionaría el problema de acceso a la vivienda, sino que también perjudicaría gravemente a una actividad que sustenta a miles de familias canarias.
Empecemos por desmentir algunos mitos. En Canarias existen 211.331 viviendas vacías, mientras que solo 42.000 están destinadas al alquiler vacacional. Esto significa que hay más de 5 veces más viviendas desocupadas que las que se utilizan para VV. El verdadero origen del problema reside en el déficit de unas 40.000 viviendas destinadas a residentes, no en las vacacionales.
Además, la VV contribuye de manera significativa a la economía canaria. Genera más de 2.000 millones de euros al año, aporta 140 millones en impuestos directos y proporciona empleo a más de 40.000 personas. Estas cifras reflejan la importancia que tiene este sector para sostener el bienestar de miles de familias canarias.
Pero los beneficios de la VV van más allá de las cifras macroeconómicas. Esta actividad ha democratizado el turismo en las islas, permitiendo que sean los propios residentes quienes obtengan ganancias directas de esta industria. La VV se ha convertido en una oportunidad de emprendimiento y en un complemento de ingresos valioso para mejorar la calidad de vida de los canarios.
De hecho, son numerosos los sectores insulares que dependen actualmente de la vivienda vacacional. Desde el pequeño comercio hasta la hostelería, pasando por reformas, limpieza, ferreterías, alquiler de vehículos y muchos más. Limitar la VV afectaría negativamente a todos ellos.
Otro mito que conviene desmontar es que restringir la VV resolvería el problema del alquiler para residentes. Si se les prohíbe a los propietarios el alquiler vacacional, no optarían por alquilar sus propiedades como viviendas tradicionales debido a la inseguridad jurídica que existe en España en los arrendamientos de larga duración.
Además, se sostiene que la VV fomenta la «turismofobia». Sin embargo, son intereses externos a los canarios los que propagan esta idea de manera interesada. La realidad es que la población local valora la llegada de visitantes y reconoce la importancia que tiene para la economía familiar y colectiva. La escasez de personal para trabajar en la hotelería se debe a bajos salarios, no a un rechazo al turismo, lo que a su vez genera un ciclo migratorio de personal poco cualificado y agrava el problema de la vivienda.
Por el contrario, limitar la vivienda vacacional solo causaría malestar entre los canarios, que verían restringida una fuente de ingresos con la que complementan sus rentas. Únicamente las grandes cadenas hoteleras internacionales se beneficiarían de estas restricciones.
Otra idea falsa es que los turistas de VV tienen un presupuesto bajo. En realidad, el viajero que elige una vivienda vacacional gasta, en promedio, más que aquellos que optan por un hotel todo incluido. Por tanto, restringir la oferta solo reduciría la calidad y el gasto del turista en las islas.
Tomando un análisis objetivo, la vivienda vacacional no es el problema, sino una parte fundamental de la solución para los retos económicos y sociales de Canarias. Limitar este sector por prejuicios y visiones interesadas de los lobbies hoteleros tendría un impacto negativo en el bienestar de miles de familias canarias.
Lo que sí se necesita urgentemente son políticas activas que aumenten la oferta de vivienda social, así como una mayor protección legal para los propietarios que alquilan sus inmuebles a residentes. También sería positivo mejorar la conectividad y reducir los precios del transporte hacia las islas menores, que dependen en gran medida de la VV.
En lugar de criminalizar un sector clave como la vivienda vacacional, las administraciones deberían corregir las verdaderas causas del problema habitacional en Canarias: la insuficiencia de viviendas de protección oficial y las barreras legales al alquiler de larga duración para los propietarios. Castigar a la VV solo empeoraría la situación económica y el malestar social en las islas.
La vivienda vacacional es una parte esencial de Canarias. No solo no es la causante del déficit de vivienda, sino que aporta un gran beneficio a la economía y al bienestar de miles de familias canarias. Limitar este sector solo perjudicaría a los propios canarios y a la calidad del turismo en las islas. Es hora de valorar y promover la autenticidad que ofrece la vivienda vacacional, en lugar de penalizarla.
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