25 de noviembre de 2024
El anteproyecto de ley que el Gobierno de Canarias está preparando para regular el alquiler vacacional ha generado preocupación entre los actores del sector. Según Fernando Gallardo, secretario general de la Alianza Hotelera, esta normativa podría empujar a parte de las viviendas vacacionales hacia la economía sumergida.
Retos y riesgos de la nueva normativa
Durante el segundo congreso sobre alquiler vacacional organizado por la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) en Las Palmas de Gran Canaria, Gallardo subrayó que esta situación no es nueva. Ejemplos como Nueva York muestran cómo la prohibición de los alquileres vacacionales, impulsada por el lobby hotelero, solo ha fomentado el aumento de actividades no declaradas. “Los turistas siguen demandando esta modalidad, y los propietarios continúan ofreciendo sus viviendas, aunque esto signifique transgredir las normas”, comentó Gallardo.
Además, el empresario señaló que en España, los tribunales han anulado numerosos intentos de regular este sector, citando la libertad de emprendimiento como un derecho fundamental protegido por la Unión Europea.
Una regulación que podría dividir más de lo que une
Gallardo advierte sobre la fragmentación en la toma de decisiones, con gobiernos, autonomías y ayuntamientos trasladando responsabilidades entre ellos. “No podemos ignorar la voz de los 95 millones de turistas que visitan España cada año”, afirmó, recordando que el turismo es un pilar clave en la recuperación económica del país tras la pandemia.
Por su parte, Doris Borrego, presidenta de ASCAV, calificó la nueva ley como una amenaza que podría acabar con el 90 % del sector en Canarias, un sector que genera más de 1.700 millones de euros anuales. Según Borrego, la norma no solucionará el problema de acceso a la vivienda y traerá consigo más precariedad económica.
Un sector clave para la economía canaria
El alquiler vacacional representa apenas el 4 % del parque total de viviendas en Canarias, según datos presentados por ASCAV. La economista Rosa Rodríguez, quien también intervino en el congreso, destacó que las viviendas vacacionales no son responsables de la escasez de viviendas residenciales y sugirió que las políticas deberían adaptarse a las realidades de cada isla.
¿Qué está en juego?
Mientras la Federación Canaria de Islas, la Federación Canaria de Municipios y el sector inmobiliario critican la ley, Borrego insiste en que el 89 % de las viviendas vacacionales en Canarias están gestionadas por pequeños inversores y propietarios, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y dinamizan la economía local.
El debate sobre esta futura ley está lejos de terminar, pero una cosa está clara: encontrar un equilibrio entre el desarrollo turístico y las necesidades de vivienda es un desafío que requiere diálogo, análisis profundo y decisiones bien fundamentadas.
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